News (only Spanish)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho pública hoy una declaración institucional exigiendo a los responsables políticos el máximo respeto a la función de los jueces y advirtiendo del "inmerecido efecto deslegitimador" que las manifestaciones vertidas en los últimos días pueden provocar en relación a un poder básico del Estado. 

La declaración, que será leída hoy en un acto público al que tiene previsto acudir en Valencia la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, no hace mención a ningún mandatario en concreto, pero se producen después de que ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, elogiaala "valentía" frente a ETA del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incurso en tres causas penales en el Tribunal Supremo.

La declaración señala que, "en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional" el CGPJ, "desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión", exige también "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles"

Añade que los jueces "cuentan, y contarán siempre, con todo el apoyo y defensa del Consejo General del Poder Judicial, como muy recientemente ha puesto de relieve el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar".

Clima sereno
El Consejo reitera además "que el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio", y que éste clima "resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto que deslegitima la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado".

Por todo ello, el máximo órgano de gobierno de los jueces considera "indispensable" que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, "se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso".